Sólo seis Comunidades Autónomas se quedan atrás en relación a la media nacional en material de protección judicial a las víctimas.

No es una situación que nos extrañe que cuando se anuncia una denuncia por parte de una mujer a un agresor por un asunto de Violencia de Género se crea una nube de críticas y juicios negativos hacia ellas. Pues en los últimos años se está viendo una tendencia donde una parte de la sociedad en ocasiones se pregunta antes si la mujer ha sido capaz de denunciar falsamente por conseguir un beneficio en vez de ver cómo se va luchando contra una violencia que en ocasiones es invisible. Portales de datos, como el de EuropaPress, detallan que las denuncias falsas no llegan ni al 1%. Los datos actualizados del año 2019, confirman que no hubo ninguna denuncia falsa de las 168.057 que se pusieron en todo el territorio nacional.

Las denuncias falsas es solo una de las problemáticas por las que las mujeres víctimas de esta violencia tienen que convivir, pero una de las más duras y necesarias, es el largo camino judicial de las órdenes de protección para conseguir una protección y seguridad legal. Actualmente, de todas las denuncias que imponen, solo el 17% acaban cubriéndose con una orden de protección, siendo La Rioja (27%), Castilla y León (23%) y Extremadura (22%) las tres comunidades que más protegen a las denunciantes con estas medidas de protección. Mientras que las comunidades que están por debajo de la media están País Vasco (6%), Cantabria (10%) y Cataluña (12%).

El motivo puede estar en la ambigüedad de las leyes que en la actualidad regulan estas situaciones. Pues en la Ley de la Orden de Protección hace una diferencia entre la violencia de género y la violencia doméstica, limitando en que esta segunda necesita una protección para radicar una violencia de discriminación en el ámbito doméstico. Mientras en la Ley de Violencia de Género elimina esa distinción y permite extender la lucha de todo tipo de violencia contra las mujeres. Aun así, los efectos de la orden de protección están reguladas con la coordinación de las diferentes Comunidades Autonómicas. La orden de protección puede establecer medidas que pueden ir desde penales, como la prohibición de aproximación o comunicación, hasta las privativas con prisión provisional, pero también existen medidas civiles como la atribución de la vivienda familiar, la custodia de los hijos menores o la protección de los miembros si la situación lo requiere.

ÓRDENES DE PROTECCIÓN ADOPTADAS EN 2020

¿Cuántas órdenes de protección son adoptadas?

Once de las 17 comunidades autonómicas superan la media nacional en la aprobación de las órdenes que son solicitadas por las víctimas con más del 72%. En la Comunidad Valenciana encabeza la lista con la aprobación con un 86% de las órdenes. Un ejemplo, que no solo se limita a adoptar las medidas impuestas por la ley, sino que han formado una unidad policial especializada en violencia de género donde ya llevan ayudadas a más de 10.000 mujeres desde su creación en 2003. La lista prosigue con La Rioja (85%), Murcia (85%) e Islas Baleares (82%) como las zonas que más adoptan medidas. Mientras que en el otro lado de la lista se encuentran las Comunidades Autónomas que más población tienen como son Cataluña (49%) y Madrid (52%).

Una mayoría de las mujeres víctimas siguen prefiriendo no acudir a denunciar por miedo a la reacción de una parte de la sociedad y del no ser escuchadas. Las cifras que tenemos en la actualidad hacen que reflexionar sobre si se podría ayudar a más mujeres con una mayor ayuda del poder judicial y se especializando a los cuerpos de seguridad en asuntos de malos tratos, como se está observando con la tendencia de la Comunidad Valenciana, ya que ser una zona con mucha población no es un indicador de desigualdad. Y el siguiente paso debería ser erradicar desde el interior de la sociedad, educando y fomentando la convivencia entre géneros.

El metodología de la investigación se puede observar en el siguiente enlace.